Es fundamental adoptar medidas que garanticen la transparencia e imparcialidad en los procesos de selección de personal oposición. De esta manera, es posible evitar la discriminación por motivos de sexo, edad, género u otras características personales de los aspirantes. Además, un proceso justo permite demostrar habilidades y capacidades a través de pruebas rigurosas en lugar de privilegios.
En este sentido, una administración pública debe priorizar la meritocracia, es decir, confiar únicamente en las capacidades técnicas o profesionales de aquellos aspirantes que deseen acceder a cargos públicos. Al hacerlo, se favorece la igualdad real y material ya que los titulares de los mismos cargos tienen sus méritos bien valorados.
Por otro lado, garantizar la transparencia es crucial para generar confianza en los procesos de selección y evitar cualquier forma de manipulación. Para lograr esto, los miembros del jurado deben estar completamente alejados del conflicto de intereses con las personas involucradas en la contratación de personal oposición. Así es posible asegurar que su criterio sea estrictamente objetivo y transparente.
Con estos principios, se podrá lograr la igualdad entre concursantes y evitar una discriminación en contra de los colectivos más vulnerables dentro del proceso de contratación de cargos públicos. Por ejemplo, las mujeres o los varones mayores podrían verse afectados por esta situación si existen preferencias internas que influyen a favor de un candidato u otro.
Criterios claros y objetivos para la evaluación
Los criterios empleados en la selección deben ser claros e inobjetablemente objetivo. En este sentido, es fundamental que todas las pruebas o cuestionarios estén específicamente diseñadas para medir las verdaderas habilidades o técnicas relevantes a los puestos vacantes solicitados por parte de las personas postulantes.
Para ello sería ideal utilizar preguntas donde se exijan hechos concretos y no meramente declaraciones que puedan estar contaminadas por la subjetividad. Además, deberán considerarse distintas formas de demostrar las capacidades de los candidatos, ya sea a través de cuestionarios escritos o de pruebas prácticas que permiten realmente evaluar su destreza y habilidades. También sería posible incluir observaciones y evaluaciones a través de la simulación en entornos virtuales donde pueden trabajar los mismos profesionales involucrados.
Sin embargo, también existe el peligro de que, mediante estos criterios, ciertos grupos o colectivos se puedan beneficiar indebidamente. Por ejemplo, un jefe puede favorecer a algún empleado y así se pueda descubrir este favoritismo si tenemos un control constante y seguimos los lineamientos marcados anteriormente.
Además de esto, estas pruebas deben estar diseñadas a ser objetivas e intrascendentes para evitar que los resultados obtenidos puedan afectar cualquier interés personal. Algo más importante es garantizar que no exista una sola forma única o estándar para resolver un problema específico sino al menos dos métodos para que cada participante pueda elegir el de su agrado.
Participación activa y control ciudadano
Si bien parece sencillo implementar medidas objetivas, también existe la necesidad de garantizar la transparencia en todo momento. Una manera efectiva es permitiendo a los ciudadanos estar informados sobre cada paso del proceso de selección. Esto se puede lograr mediante publicaciones frecuentes y completas de resultados de las fases eliminatorias o mediante la puesta en acceso de todos aquellos archivos relacionados con el mismo proceso, incluyendo todo lo que involucre tanto a las personas solicitantes como también a los empleados directamente responsables del juicio.
En otras palabras, si bien es fundamental controlar y vigilar cada uno de estos criterios diseñados para la evaluación, es igualmente importante no olvidar la participación ciudadana que puede permitir tener un mayor conocimiento e incluso una vigilancia efectiva de lo acontecido a la vez que se reduce la manipulación en el proceso. De esta manera, los medios sociales pueden ser herramienta poderosa para este fin.
Sin embargo, la misma participación ciudadana también trae consigo el riesgo de una mayor inestabilidad e impredecibilidad en un contexto político o institucional donde los recursos económicos son escasos y las expectativas ciudadanas siempre muy elevadas. Además, si bien es posible que sea necesario permitir un intercambio constante con la ciudadanía a través de diversas redes sociales, tenemos que recordar el riesgo existente de que estos mensajes puedan ser manipulados o alterados por terceros interesados.
Apoyo y recurso para los aspirantes
Al mismo tiempo es fundamental ofrecer apoyo integral a todos aquellos solicitantes involucrados en la selección. Por lo tanto, una administración pública debe asegurarse de que estén disponibles recursos como talleres o charlas donde les expliquen qué se ha de hacer y cómo se debe abordar cualquier fase del proceso selectivo.
Estos recursos ayudan a reducir la discriminación por motivos de género u otra característica personal, a la vez que permiten a todos aquellas personas en condiciones más vulnerables acceder con facilidad a los cargos públicos. De este modo se potencia además la igualdad real entre concursantes y evitamos una posible desigualdad ya que la información es un factor importante para llegar a nuestro destino.
Esto debe hacerse desde el principio, incluso antes de presentar la candidatura cuando se pueden informar todas las fases incluidas en los procesos selectivos del cargo público. Por lo mismo es fácil entender que estos recursos constituyen una pieza clave en cuanto a políticas de igualdad inclusión se refiere y su importancia no debe ser descartada ya que conllevan otros beneficios adicionales.
Conclusión
El proceso oposición publica es una prueba indispensable para llegar a ocupar un puesto vacante dentro del sector público. No obstante, la forma en que el proceso selectivo se lleva a cabo puede generar grandes inquietudes entre los concursantes sobre su propia discriminación e imparcialidad, lo cual resulta ser un tema pendente y en desarrollo tanto de la administradora pública como también en lo concerniente al ciudadano. Esta situación no debe continuar existiendo ya que tiene efectos negativos para ambos.
Como hemos mencionado anteriormente, existen muchas formas de aplicar medidas más justas y transparentes en estos procesos selectivos. Es por este motivo tan importante implementar un sistema basado en la imparcialidad sin importar desde qué grupo o condición pertenezca el candidato a ser seleccionado.
El artículo anterior también mencionaba que, para evitar cualquier vulneración de esta naturaleza, hay que llevar a cabo medidas como la supresión de la discriminación tanto por motivos personales como además políticos. Por lo tanto debemos aplicar sistemas transparentes y eficientes donde se valoren las competencias de los aspirantes pero no su origen social.
La inclusividad a nivel regional significa asegurarse de que las administraciones locales sean efectivas, participativas e involucradas con el ciudadano por medio del acceso a recursos. Con ello se pretende fortalecer una sociedad justa y equitativa donde todas sus partes puedan contribuir en todo proceso o proyecto desarrollado desde la propia administración regional.
Debe ser necesario reemplazar las actuales fórmulas que impiden la efectiva participación política de cualquier ciudadano independientemente del origen del cual provenga por sistemas mucho más democráticos y objetivos.
También se busca reducir su influencia sobre el futuro político y social. En este sentido tenemos que dar voz a los grupos sociales como las asociaciones, comunidades y sindicatos siempre en la búsqueda de justicia e igualdad ya que pueden ser piezas fundamentales para alcanzar estos objetivos establecidos inicialmente.
Por lo tanto cada cual tiene su deber de colaborar aunque sea solo con un cambio de perspectiva de pensar en bien propio a buscar la buena razón, donde lo justo triunfe sobre el particular a pesar que ello deba suponer sacrificios.