El derecho de oposición es un instrumento fundamental dentro del marco regulatorio de protección de datos. Esta herramienta permite a las personas cuyos datos personales están siendo tratados por algunas compañías, solicitarse detener dicha actividad si consideran no legitima. Para poder ejercer este derecho debe tener alguna base legítima o sea que esté siendo utilizado para fines diferentes del consentimiento expreso y voluntario de la persona.
Este derecho es el resultado de un equilibrio entre los derechos fundamentales, establecidos en las leyes de protección de datos, como son la libertad e identidad personal. Esta figura surge con dos finalidades:
– Una es evitar daños graves y perjudiciales para los interesados
– Otra es evistar una supuesta legítima invocada por el responsable del tratamientos que no pudiera superar los derechos o interés del afectado.
– También cuando el dato haya sido obtenido sin consentimiento previo por un tercero.
Es importante tener claro para que se puede ejercer este derecho: Para solicitar suspender la actividad de tratamiento, siempre y cuando sea legítima o se obtenga sin su consentimiento previo. Esto hace que se deba estudiar el caso particular a resolver de manera individualizada
Supuestos Legítimos para ejercicio del derecho
Es importante definir los supuestos o casos en el cual puede ejercerse este derecho, para luego poder saber cuándo es necesario un proceso más detallado, y por qué razones.
El articulo 21 de la LOPD/ GDD señalan que se entenderá como ejercicio del derecho de oposición el mismo cuando se solicite cesar la actividad de tratamiento si los datos no fueran recogidos conforme a una de las bases siguientes:
- Cuando tenga manifestado su consentimiento expresamente y por escrito.
- O cuando sean tratados con un fin distinto a aquellos para los que fueron recolectados (exclusión necesaria).
- También se entiende el ejercicio del derecho de oposición si lo recoge una petición al tercero previa solicitud, sobre la base de datos en sus poderes.
- Igualmente cuando estén siendo tratados para una finalidad distinta a aquella para la cual fueron expresamente facilitados;
Esta norma establece que el derecho de oposición se podrá ejercer por motivos razonables y legítimos. También destaca las bases legal y del consentimiento dado cuando se puedan obtener los datos.
Pero también hay otras dos supuestos donde puede considerarse la suspensión, como las personas menores que los dieciocho años o el incapaz (en sentido estricto no incapacitado), así como cuando quien ha expresado su consentimiento lo hace mediante una presunción legal de manera tácita, entendiendo por presunción la obligación de mantener confidencialidad.
Pero debe tenerse claro que si los datos no son tratados a través del derecho de oposición no es necesario el cumplimiento de esta obligación. No existe ningún plazo establecido para este requerimiento.
Plazo para ejercerlo
Es importante saber cuál es el plazo para poder solicitar suspender la actividad, siendo que se debe estudiar de manera individualizada dado que cada caso tiene sus peculiaridades.
Dada las implicaciones jurídicas del ejercicio del derecho, el plazo para su ejercicio ha sido regulado a través de una regulación específica para la ejecución y cumplimiento de los derechos en general, entendiendo por el reglamento:
1. El contenido mínimo que deberán contener los formularios a entregar mediante la sede electrónica o la oficina respectiva al interesado.
2. El plazo en el cual el organismo ha de resolver sobre los requerimientos.
Para el ejercicio del derecho de oposición hay una herramienta más específica utilizada como guía para poder identificar si se cumple cada requisito específico en cada caso particular: En este sentido, el Reglamento de Ejecución de la Ley de Protección de Datos (Decreto 1720/2007, y modificación posteriores) establece un plazo general para resolver el derecho cuando existe una solicitud. Cualquier otra cosa ha quedado a la merced de las leyes particulares.
En caso de que no sea posible determinar por los plazos generales del reglamento lo establecido específicamente para cada ejercicio en particular, no deberá retrasarse, entendiendo que el plazo será 1 mes. Si este caso se encuentra debidamente articulado y tiene como fundamento el consentimiento otorgado o la base legal de la recogida de los datos; Por cualquier otra que esté regulada específicamente en esta materia.
El resto de la normativa aludiremos a plazos generalista. En relación con este ejercicio debería considerarse que no existe un plazo determinado dentro de los artículos específicos para este ejercicio, habido acordado entre legisladores y técnicos; Sin embargo, se encuentra que si el ejercicio es a través del reglamento, el plazo será de 1 mes para resolver cada petición según la ejecución de éste en caso de no cumplirse lo establecido por la norma particular para cada uno.
Este plazos puede encontrarse dentro los artículos específicos; ya sean directos o indirectamente
Hay veces el ejercicio se realizará a través de otra normativa. Esto se produce cuando existe un conflicto con los derechos de algún interesado y hay base legal del consentimiento, por lo que es importante tener claro qué derecho se está utilizando para ejercer este plazo.
Dentro las bases reglas más utilizadas están: Los siguientes, en caso de no poder encontrar otra:
- La base reglamentaria
- El consentimiento otorgado, tanto el tácito como el expreso.
- Estas herramienta son especialmente relevantes ya que permiten comprender de manera específica cómo se va a resolver cada requerimiento.
Casos especiales del ejercicio
Hay casos donde no es posible ejercerlo. Siempre y cuando estén legitimados con bases legales o consentimiento expreso.
Dentro este supuesto cabe plantearse las siguientes situaciones:
– Los intereses protegidos se encuentran dentro el ámbito privado.
– El tratamiento no haya sido realizado con base legítima.
Para ejercer de derecho la oposición es necesario que existan dos elementos más:
- Es decir, que tenga interés
- El derecho no podrá ser invocado a través de ninguna herramienta general o específica siempre y cuando los únicos fines previstos sean el ejercicio del derecho.
En estos supuestos ya referidos anteriormente sobre casos en que es necesario el estudio individualizado para el ejercicio del derecho de oposición son aquellos, donde no se ha obtenido el consentimiento voluntario.
Por ejemplo, cuando sus datos han sido recolectados desde terceros (o a partir otra normativa propia dentro el sector público).
Por lo tanto es imprescindible tener claro que tipo de dato estamos hablando y en calidad (como individuos o como grupo), los derechos se dan en todos los campos.
En estos casos, la aplicación del derecho supone poder estudiar cada caso particular y luego tomar los siguientes pasos:
- Primero determinar si existe la base legítima para que el tratamiento sea posible; que debemos hacer siempre.
En otros supuestos pueden estar legitimados el estudio de otro tipo de materia:
– Los datos obtenidos pertenece en exclusiva a personas naturales.
– Están sometidas estrictamente a las leyes particulares.
O, lo habitual cuando no se produce ningún conflicto entre derechos legítimos. Por ejemplo los derechos no protegido por la Ley de Protección de Datos
En cualquiera de estos supuestos el desarrollo se hará siempre bajo la forma de un derecho al oposición
También han existido casos donde lo que ha hecho es estudiar cada caso individualizada, para resolver las situaciones dadas. Estos han sido los siguientes:
- El ejercicio del derecho no pueda realizarse dentro estrictamente porque el tratamiento es legal y se hace con la base de consentimiento (expresado).
- En algunos casos en los que no se puede ejercer lo ha venido por otras vías.
Dentro de estos supuestos también estén incluidos los intereses legitimados dentro otros textos legales del sector público.
En relación a estos plazos, si no existen, el ejercicio debe realizarse a través normativa que es muy específica y particular en este supuesto para cada caso individualizado.
Si no existe plazo para resolver en la Regla General, ya hemos referido que puede llevarse a cabo a través otra norma pública.