Las oposiciones administrativas y laborales tienen como objetivo seleccionar funcionarios públicos que puedan desempeñar puestos de confianza dentro del gobierno o administraciones locales. La calidad y transparencia de este proceso de selección son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los posibles candidatos y lograr una buena representación de las necesidades de la sociedad en la toma de decisiones. A continuación, se presentará información general acerca de los derechos básicos que cualquier aspirante debe ser consciente al someterse a un proceso de selección administrativa.
La igualdad de oportunidades es uno de los pilares que sustentan el sistema democrático en la búsqueda de puestos públicos. Esto significa que todos los participantes deben gozar de igualdad ante la ley y tener la posibilidad de presentarse como candidatos en las oposiciones abiertas a la convocatoria de alguna administración pública, sin que se establezcan criterios injustos de discriminación ni barreras para acceder al proceso de selección.
También es importante mencionar la importancia del debido proceso, el cual garantiza que tanto los procesos como decisiones internas no sean discriminatorias ni arbitrarias. Esto incluye a las diversas facetas en las que se da valor, tales como: acceso a procedimientos claros y transparentes; al cumplimiento de plazos razonables; una evaluación del candidato fundada únicamente sobre los criterios establecidos para la convocatoria; entre otros.
A fin de que todos los aspirantes puedan participar en las oposiciones sin temores ni recelos, es necesario que se garantice a los mismos el derecho a presentarse. En este sentido, es importante señalar que todas aquellas candidatas o candidatos deben tener acceso igualitario para la inscripción y participación en los procesos selectivos de cualquier carácter, siempre que llenen todos los requisitos generales solicitados. Se valora especialmente cada persona, independientemente de su posición social. El proceso debe estar caracterizado por ser transparente y justo.
Además del derecho a la igualdad de oportunidades, los participantes en las oposiciones también deben gozar del derecho a no ser discriminado por cualquier motivación injusta. Estos principios se relacionan directamente con el principio de no discriminación establecido en nuestro sistema legal y son esenciales para garantizar que todos los candidatos sean tratados justamente durante todo el proceso.
La protección personal y la integridad de la información
La protección de datos personales es un derecho fundamental recogido dentro del marco europeo de la Protección de Datos. Esto también implica a las empresas públicas e instituciones gubernamentales en todos los procesos que requieran el tratamiento o manipulación de la información personal.
El debido proceso que establece los principios mencionados sobre transparencia tiene relación con la obligación del poder u organismo competente de rendir cuentas del procedimiento seguido a lo largo de todas las etapas administrativas; es decir, dar explicaciones y motivar una decisión cuando se niegue acceso, rechace el registro o deniegue el ascenso.
Pero es de suma importancia señalar que los datos personales de todos los participantes en este proceso deben gozar del máximo nivel de protección. Esto incluye cualquier información recabada sobre los aspirantes durante todo el procedimiento seleccionatorio, así como a cualquier forma en la que la administración pública pueda tener conocimiento del interesado.
En relación con esto, cualquier tratamiento o manipulación de dichas informaciones se realizará necesariamente dentro de las normativas señaladas y con estricta observancia al respetar y preservar todos los principios de protección mencionados. Es por esto que no podrá realizarse uso alguno, ni bajo ninguna circunstancia, sin un permiso preceptivo para tal fin.
La información personal obtenida durante el proceso de la oposición debe guardarse en base a lo establecido y deber ser eliminada una vez cumplidas las etapas concretas del procedimiento. Se protegerá cualquier dato solicitado e incluso la documentación que realice cada participante para la prueba de selección.
La transparencia es un aspecto fundamental tanto en el desarrollo como en la rendición de cuentas, puesto que representa a todos los aspirantes durante todo el proceso de oposición. Se debe permitir información constante y veraz en cuanto al desempeño de sus servicios a lo largo del tiempo. Ello contribuye también a crear confianza y valoración pública sobre las instituciones que realizan este tipo de procesos selectivos.
Derecho a la igualdad
El derecho fundamental a la igualdad entre los aspirantes es inherente en el acto administrativo o público, en este caso específico, al proceso selectivo para la obtención de un cargo dentro del sector público. Todas las normativas deberán cumplir con lo establecido en el marco constitucional del país.
El derecho a la igualdad garantiza al participante la no discriminación por motivo alguno, ya sea por su origen racial o étnico, condición social o económica, género, religión u orientación política. De esta forma, se garantizará de manera efectiva el acceso a la convocatoria y, en este sentido, la desigualdad no podría realizarse porque, al tratarse del derecho fundamental de libertad administrativa.
El artículo segundo de nuestra constitución establece que los derechos y garantes de los habitantes tienen carácter inderogable e imprescriptible. El derecho a la igualdad encuentra su fuente en el artículo diecisiete, numeral primero, párrafo uno que lo establece así: “Los hombres y las mujeres son libres y eguales ante la ley. Todos tienen los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución”
El gobierno público tiene la obligación de ser neutral e imparcial, por lo que no puede manifestar preferencia o parcialidad hacia ningún candidato. A través del debido proceso se garantiza que toda decisión administrativa esté precedida de motivos justificados y sea susceptible de control jurisdiccional.
También podemos destacar su importancia en la toma de decisiones dentro del sector público, ya que se busca que todas las normas legales tengan el mismo peso. Los aspirantes pueden sentirse seguros en participar y buscar mejores oportunidades para mejorar así cada vez que necesiten acceder los puestos.
La transparencia y rendición de cuentas
Toda institución pública debe actuar con estricta observancia a lo establecido, como se mencionó anteriormente. Es posible asegurar esta situación si mantienen una política transaccional al interior del proceso selectivo mediante las siguientes obligaciones para los encargados de tomar las decisiones y realizar el llamado: transparencia en la convocatoria, debidamente publicada en todos los lugares adecuados para su conocimiento universal y general. En este sentido, se debe hacer saber al público, a los interesados y, en especial, al propio aspirante los requisitos, plazos, pruebas que incluirá el estudio o las áreas sobre donde versará. Se deben realizar de la misma manera cuando exista una controversia.
Los criterios evaluadores serán claros, transparentes y precisamente comunicadas a los participantes previamente al comienzo del proceso. En última instancia también se tendrán sus respectivas actas con un resumen detallado para que puedan ser consultados por terceros
Constituye una condición indispensable en función con la actuación interna de las personas y la rendición al exterior a través. Todo ello lo realizará, no se puede dudarlo, al propio participante afectado o interesado en alguna situación específica de la convocada. Para su cumplimiento es preciso establecer garantías.
En este punto también queremos incidir que si fuese necesario y existiera controversia, será una decisión previamente sometida a evaluación y posterior anuncio para ser informados. Con toda esta información no se puede hablar de una injusticia ni tampoco dar falsas expectativas por parte del poder público u organismo.
Se espera la misma conducta en todas las personas o instituciones con independencia del cargo que ocupe, el tiempo que dure, el lugar donde estén y las decisiones a tomar. Poner los principios de legalidad, transparencia y justicia al servicio de todas las personas incluyendo a los miembros mismos de la administración pública e incluso frente a otros sectores.
Los criterios evaluadores serán establecidos por una comisión debidamente integrada representando a los propios interesados mediante organismos o entidades públicas, con un conocimiento técnico adecuado sobre la materia respectiva.